Formosa, 2 de mayo de 2026
Entrevista a Marcela Ospital, piscóloga del sistema de salud público
Ante el intento del Gobierno Nacional de modificar la Ley Nacional de Salud Mental, la psicóloga Marcela Ospital advierte sobre los riesgos de abandonar la perspectiva de derechos humanos, la subjetividad del paciente y el abordaje comunitario para regresar a un modelo médico hegemónico y de aislamiento.
Uno de los cambios semánticos clave es el retorno al concepto de “trastorno” frente al de “padecimiento mental”. ¿Qué implica este cambio?
– Cuando vos habás de padecimiento, hacés centro en la persona que sufre, más allá del nombre que le puedas poner. El padecimiento pone el acento en que hay un sujeto singular que está sufriendo. El trastorno, en cambio, se adscribe a un producto estandarizado, a un inventario de categorías expresadas en la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Allí lo que se hace es enumerar una serie de signos: si tenés siete de diez síntomas durante equis cantidad de tiempo, podemos decir que “sos” esquizofrénico o bipolar. Entonces, se objetiva al individuo en lugar de subjetivarlo. En el fondo, lo que está funcionando es el criterio de productividad que requiere gente “funcional”. Esa es la diferencia que habíamos logrado atravesar con la ley actual y parece que tenemos que volver atrás. Se escucha poco: el tipo que está tratando de ver en qué “cuadradito” o en qué “raviol” de toda esa estructura de categorías te pone, está haciendo una anamnesis, pero no está escuchando lo que te pasa. Por lo tanto, no está escuchando el padecimiento.
– ¿La reforma busca flexibilizar los criterios de internación involuntaria?
– Más que flexibilizar, me parece que están aplicando algo del orden de la anticipación. Ellos hablan de “internación preventiva”, pero la palabra prevención tiene una dimensión mucho más rica que lo que el espíritu de este proyecto intenta transmitir. La ley actual tiene criterios claros: la internación es una medida excepcional para un abordaje intensivo, siempre y cuando exista riesgo cierto para sí mismo o para terceros. Si no hay riesgo, hay que pensar en un abordaje ambulatorio complejo, que puede implicar atención domiciliaria, una guardia disponible y una asistencia acorde a la gravedad del caso. Con la modificación, piensan en una internación que un psiquiatra puede decidir preventivamente, es decir, anticipatoriamente, suponiendo que puede haber un “eventual” riesgo. Imaginate esto en una ciudad grande, pero también en un pueblo donde no hay acceso a psiquiatría ni a profesionales de la salud; muchas veces los efectores no tienen recursos ni criterios para abordar una decisión de este calibre.
– Al habilitar nuevamente instituciones monovalentes, se reactiva el fantasma del manicomio. ¿Qué implicancias tiene para un paciente el aislamiento frente al modelo de base comunitaria?
– La idea de la ley vigente es que la persona no pierda sus derechos, sino que el sistema y la comunidad le brinden los apoyos necesarios para que pueda, por ejemplo, transitar, usar sus bienes o estar cerca de sus familiares. Se piensa en un “sistema de apoyos” donde otros acompañen el ejercicio de esos derechos. Antes, cuando una persona era declarada “incapaz” por un juez, perdía todo derecho sobre su propio bien, que es su propio cuerpo; alguien le decía compulsivamente qué medicación tomar y dónde tenía que vivir. Si se hace una internación involuntaria por prevención, se vuelve al modelo manicomial. El aislamiento es lo contrario a lo que plantea la ley, que es no aislar y no internar siempre que haya otra opción.
Mencionaste que la ley nunca tuvo presupuesto suficiente para implementarse del todo. Ante el ajuste actual en salud, ¿cómo analizás esta voluntad de “modernizar”?
– Precisamente, el proyecto de modernizar parece una forma de desimplicarse. Al Estado le resulta más simple —no sé si más barato— mantener un sistema asilar (hospitales psiquiátricos) que un sistema complejo de integración. La ley enumera dispositivos como casas asistidas para quienes no pueden vivir solos, cooperativas de trabajo, hospitales de día donde la persona interactúa con otros y vuelve a dormir a su casa, o centros de capacitación sociolaboral. Todo eso está en la ley, pero nunca hubo presupuesto ni voluntad política suficiente para gestionarlo. No es solo una cuestión de plata; es gestión con grupos comunitarios y capacitación de personas. Con el ajuste actual, como el que vimos en el Hospital Bonaparte, parece contradictorio querer modernizar cuando no se preocupan por cumplir lo que ya tenemos. A veces no es sólo inversión inicial, es voluntad política y creatividad para salir de lo conocido, también por parte de los profesionales.
—Históricamente, el psicoanálisis y la terapia parecen un privilegio de pocos. En este escenario de ajuste, ¿cómo se profundiza la brecha de clase en el acceso al derecho a la salud mental?
—Está sucediendo de hecho. En muchos distritos los ingresos de los profesionales se han pauperizado tanto que hay un montón de cargos que no se están cubriendo. Los profesionales tienden a buscar trabajo en el sector privado porque en el sector público la demanda horaria es cada vez mayor y el sueldo es cada vez menor. Lo mismo pasa con la investigación y la docencia. Eso resiente directamente la accesibilidad al sistema: cada vez somos menos profesionales para una demanda que es cada vez más grande. Eso está sucediendo.
Fuente: Página 12