Formosa,22 de agosto de 2024
Unión por la Patria y la UCR impusieron su número. La ley establece un ajuste mensual por IPC, un plus de un 8,1% para recuperar la suba de precios de enero y una cláusula gatillo si los salarios le ganan a la inflación
El proyecto que se aprobó y que ahora pasará al Ejecutivo nacional —que amenaza con vetarlo— establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.
Además, incorpora una compensación extra —o “empalme”— del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Con este mecanismo, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. El Ejecutivo insistió en que esto fuera a partir de julio y la oposición lo quiere retroactivo desde febrero. Esto último es lo que se impuso.
Para evitar que la actualización de la canasta básica —que se efectiviza después del pago de los haberes— no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09. Tampoco fue avalado por la Casa Rosada, aunque varios dialoguistas consideran que a Diputados “se le fue la mano”. No obstante, tampoco se aceptó modificarlo y se aprobó como llegó de la Cámara Baja. Además, la Cámara Baja agregó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE —promedio de los salarios— y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Bajo este precepto, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes. Otro punto que el Gobierno no tolera y que quedó sancionado.
Durante el debate en Diputados, una prenda de cambio entre opositores fue priorizar el pago de los juicios sobre reajuste de haberes y de las deudas con las cajas previsionales provinciales —que 13 distritos no transfirieron a Nación— con fondos de la ANSES, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por ende, se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA. Para el Ejecutivo, esto significa el final del déficit cero.Por otra parte, durante la sesión ordinaria se aprobó y giró a Diputados el proyecto que impone “prisión de 5 a 15 años al que reciba y a quien entregue ilegítimamente a una persona menor de edad mediando o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.