Formosa, 1 de julio de 2024
El plan establece penas de hasta veinte años de prisión para chicos y adolescentes
La iniciativa fue presentada por Bullrich y Cúneo Libarona. Prevén instalar “secciones separadas” dentro de las cárceles. Rechazo de especialistas en niñez y derechos humanos.
Una más de las promesas punitivistas del presidente Javier Milei comienza a tomar forma: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunciaron este viernes el envío al Congreso de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. El proyecto fija en 13 años la edad mínima para ser sometido a un proceso penal y establece penas de hasta veinte años de prisión para los chicos y adolescentes, que serían encarcelados en “establecimientos especiales” o “secciones separadas” dentro de los complejos penitenciarios. “Es absolutamente lo contrario de lo que establece la Convención de los Derechos del Niño y toda la doctrina internacional”, advierten especialistas en niñez y derechos humanos.
“Delito de adulto, pena de adulto“. Ese fue el slogan que el Gobierno nacional eligió para difundir la presentación del proyecto. Así lo escribió en su cuenta de X el ministro de Justicia, para repetir el “concepto” que ya había esgrimido el vocero Manuel Adorni en su conferencia matutina: “Si los menores pueden tomar decisiones como adultos, es razonable que también paguen las consecuencias de sus hechos como adultos“, dijo, y luego agregó que esa “siempre fue una postura de este gobierno“.
En efecto, la baja de la edad era uno de los tantos puntos de corte punitivista del apartado de “reformas de seguridad” de la plataforma electoral de La Libertad Avanza (LLA), que proponía “estudiar la factibilidad de reducir la edad de imputabilidad de los menores” entre otros puntos defendidos por el propio Milei en campaña, como la construcción de cárceles con capitales privados, la quita del salario de los reclusos o la lisa y llana “eliminación de la legislación penal de las cláusulas garantistas”.
El “estudio de factibilidad” mencionado en la plataforma se limitó en estos meses a una sola discusión al interior del gobierno: fijar la edad mínima en 14 o en 13 años. El propio Cúneo Libarona ya había anunciado en enero de este año las intenciones del gobierno de encarar esta reforma penal, y desde entonces manifestó en diversas ocasiones que la única duda era esa. En el medio, Bullrich llegó a arriesgar el número de 12 años. Este viernes, los ministros finalmente anunciaron que optaron por los 13, aunque no explicaron el por qué de esa edad.
Fue en la conferencia posterior al anuncio de Adorni. Allí Bullrich calificó a la jornada como “un día importante para el país” y “para tantas familias que perdieron a sus hijos en manos de un menor”. La ministra agregó que el hecho de que “ese menor” no tenga condena “es la peor condena como país“. Cúneo Libarona, en tanto, apeló a otro de los slogans favoritos del gobierno: el de los “argentinos de bien”. “Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes”, dijo, y agregó que, si se aprueba el proyecto, “vamos a darles las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen”
Aunque el texto formal del proyecto que llegará al Congreso aún no se conoció, este diario sí accedió a un punteo de sus principales artículos. En principio, la iniciativa prevé un “máximo de penas” de veinte años de prisión con la posibilidad de disponer “medidas alternativas” a partir del cumplimiento de dos tercios de la condena. El proyecto estipula que las condenas de 3 a 6 años también podrán cumplirse con medidas alternativas, “siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas”.
Como si fuera poco, la iniciativa también prevé que se pueda investigar a niños incluso menores de 13 años. Aunque establece que por debajo de esa edad seguirán siendo “no imputables”, el proyecto dice que el juez interviniente “de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas”. “En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental y dará intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social“, agrega.
Sobre el lugar en el que serán encerrados los niños y adolescentes, el proyecto prevé la existencia de “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo“. En cuanto a las condenas que puedan tener libertad condicional, se establecen medidas paralelas como la “obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo“, lo que resulta a todas luces llamativo al tratarse de menores de edad.
“El proyecto tiene que ver con una ideología profundamente conservadora que recurre a la salida más fácil que es la mano dura, además de colocar al sector más vulnerable de la población como el hilo más delgado de una cadena de pobreza y marginación”, dijo a este diario María Elena Naddeo, expresidenta del Consejo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y actual vicepresidenta de la APDH. “Previendo el desmantelamiento del Estado, saben que es posible que aumenten los delitos y por eso quieren darle vía libre a las fuerzas de seguridad, pero dar esta respuesta punitivista es absolutamente contrario a la Convención de los Derechos del Niño y a toda la doctrina internacional”, agregó.
En el mismo sentido, la abogada e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, Claudia Cesaroni, hizo referencia a la postura del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas: “El Comité encomia, es decir elogia, a los Estados partes como la Argentina que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo 15 o 16 años, e insta a que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención”, advirtió.
Uno de los argumentos utilizados por el Gobierno es que en los últimos años se verificó un aumento de la delincuencia juvenil. Así lo expresa el comunicado difundido este viernes por Justicia, en el que se habla de un “persistente crecimiento“. Cesaroni, sin embargo, rechazó esa afirmación a la que catalogó directamente de “mentira“. “En la Ciudad de Buenos Aires, en 2022 hubo 86 víctimas de homicidios dolosos y 131 victimarios. De ese total de victimarios, solo uno fue menor de 16 años y 6 seis tenían 16 o 17. En la Provincia hubo 924.492 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP), y 645 homicidios dolosos. En el sistema penal juvenil, hubo 22.018 IPP, poco más del 2 por ciento del total, y 61 homicidios dolosos cometidos por adolescentes de 16 o 17 años, es decir, menos del 10 por ciento del total de homicidios“, sostuvo.
Naddeo coincidió en que “afortunadamente en Argentina la cantidad de adolescentes que cometen delitos graves es muy baja“. La especialista también respondió a otro de los argumentos esgrimidos por el gobierno en torno a la comparación de la edad mínima de Argentina con el resto de los países de la región. “En los países en que se aplica una edad más baja no se aplica un sistema como lo piensa LLA. Brasil, por ejemplo, tiene un sistema tutelar muy garantista con sanciones mínimas, probation, medidas socioeductaivas y lejos del fuero penal. Acá corremos el riesgo de que se transforme en un piedra libre para detener chicos muy chicos“, concluye.
